Reforma constitucional: peligros para las instituciones navarras
Una polémica reciente, aún abierta y de difícil solución, opone en los medios de comunicación la idea de "privilegio" a la de "igualdad". Este debate, que ha surgido en torno a la institución monárquica y a su posible reforma en nuestro Ordenamiento, está esencialmente mal planteado desde el punto de vista histórico -mucho se ha escrito ya sobre su vertiente jurídica. Y además puede demostrarse perjudicial para otras instituciones, como las navarras.
Siento esa sensación indefinible que llamamos vergüenza ajena cuando escucho a algunos políticos en activo intentar explicar en términos propios de la prensa rosa por qué es necesario modificar el orden de sucesión a la Corona. Esos "privilegios" que algunos dicen querer suprimir, y que algunos se atreven a calificar incluso de inconstitucionales, de hecho están en la esencia histórica y presente de la institución. Y de algunas otras instituciones.
Una institución puede modificarse o suprimirse; puede buscar nuevas fuentes de legitimidad o perder las suyas propias. Todo esto es posible, tal vez en algún caso deseable. Pero en ningún caso los ciudadanos deben aceptar que se les oculten los términos reales de los problemas: antes de cambiar algo hay que saber qué es, de dónde viene y dónde puede ir sin extinguirse. Así que, dejando por un momento a un lado la palabrería políticamente correcta, ésta es la opinión más o menos fundada de un navarro.
Se dice que establecer una preferencia del varón sobre la mujer es discriminatorio. Un "privilegio". Y en efecto, lo es; en sentido literal, se trata de una "gracia o prerrogativa concedida por un superior…concediendo una exención de la que no disfrutan otros". Etimológicamente es un privilegium, un ius proprium, una normativa específica para una institución establecida precisamente como excepción a una norma general. Todo nuestro Ordenamiento jurídico está hecho de tales "privilegios", ¿o acaso diremos que no puede haber excepciones a una norma?
Así que la existencia de privilegios es una constante, dado que ninguna sociedad ha estado ni estará regida por normas uniformes, salvo tal vez en los sueños marxistas al estilo Pol Pot, que sólo pueden terminar de una manera. Otra cosa, y en esto estarán de acuerdo los navarros, es que se trate de normas diferenciadas justas o injustas, que tengan o no una explicación en su origen pasado, en su vigencia presente y en su utilidad futura. La cuestión, en el caso de la Corona, no es si la actual norma sucesoria es un privilegio, que lo es, sino si ese privilegio es injusto e ineficaz o no, y si puede o no suprimirse sin tener consecuencias inesperadas directas o indirectas. Veámoslo.
Si decimos que es un "privilegio" injusto la preferencia sucesoria del varón, ¿no podremos decir que la existencia misma de la monarquía es un privilegio injusto de la familia Borbón sobre el resto de familias españolas? Tan consustancial a esta institución preconstitucional es la preferencia del varón como su naturaleza hereditaria dinástica; que también es privilegiada. Y, por otro lado, más concretamente, ante una hipotética sucesión femenina instaurada con una legislación retroactiva, ¿no podría pensar alguien que las dos hermanas mayores de don Felipe han sido también víctimas de un privilegio? No es coherente aceptar que en un punto una institución deba "adaptarse a los tiempos" pero negarnos a seguir el razonamiento, en su lógica, hasta el final: si hablamos de igualdad, la igualdad habrá de ser total.
Y es que la monarquía se basaba, cuando existía, en la desigualdad, en la jerarquía, en el "privilegio". Si negamos éste en un punto habremos de negarlo en todos, o ser acusados de inconsecuentes. Y tal vez sea ese el objetivo de quien promueve esta reforma, porque casualmente el anuncio del feliz estado de doña Letizia coincidió con una paradójica manifestación pública del actual presidente del Gobierno -nombrado por el Rey, ante quien ha prometido fidelidad- rodeado de banderas republicanas.
La consecuencia directa de una reforma precipitada, demagógica y populista de la Constitución puede ser un cambio de régimen. Una "monarquía republicana", y progresivamente republicanizada, no puede ser más que una solución transitoria. Sería mejor ir directamente a la meta que se busque, si es otra. Sería más estético y sobre todo evitaría intentar la cuadratura del círculo tratando de modernizar una institución medieval y anclada lógicamente en esas diferencias, fecundas en los siglos, a las que algunos llaman agresivamente "privilegios".
Las consecuencias indirectas de este tipo de planteamientos van a afectar a los navarros aún más que al resto de españoles. Las mismas instituciones forales de Navarra son a menudo presentadas como un privilegio de los navarros; más de una vez he intentado convencer a buenos amigos de lo innecesario de negar ese sustantivo. En efecto, los fueros navarros son derechos privativos de la actual Comunidad Foral, diferencias jurídicas generadas en la historia y explicadas por ella, recogidas en los sucesivos textos constitucionales. ¿"Privilegios"? Si restamos a la palabra el matiz insultante que algunos añaden, es lo de menos.
Si intentamos explicar esa realidad foral, vestigio de un Ordenamiento premoderno, desde la igualdad formal y material absoluta y desde la uniformidad, simplemente terminaremos por negar su base. Con los fueros navarros sucede lo mismo que con la monarquía: que se basan en excepciones históricas -hay quien dice que pactadas- a la norma general. ¿Discriminación? Podemos rechazar esas diferencias identitarias, y entonces habremos de ir hacia la igualdad absoluta. Podemos respetarlas, al menos en su configuración pasada, y habremos entonces de tener mucho cuidado con desmontar un mecanismo tan delicado. Tan delicado como la monarquía, si no más. Porque puede suceder que en este juego no sepamos después reconstruir lo que los siglos y los milenios han legado. Con estas cosas, mejor no hacer experimentos y a ser posible no hablar si no se sabe.
Por cierto: el PSOE sí sabe dónde va, en ambos casos. Acabar con un elemento de discriminación en el funcionamiento de la Jefatura del Estado lleva lógicamente al cuestionamiento del principio dinástico -cosa que afecta a toda España- e indirectamente a la negación de principio foral -lo que debe recordarse en Navarra. No se trata de lograr que algo funcione mejor al servicio de la gente, sino de "modernizar" y poner en riesgo por un prejuicio ideológico igualitarista. Historia docet, como diría una ministra.
Pascual Tamburri
Doctor en Historia Medieval
Vicepresidente de la Fundación Leyre
